por Alfredo Zaiat Pagina12 – Argentina 17/04/2012.

La expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera nacional YPF en manos de la española Repsol pasa a integrar el podio de las principales iniciativas de reparación de los efectos devastadores de la reestructuración neoliberal de los noventa.  La primera fue la renegociación de la deuda en cesación de pagos con quita de capital, fuerte reducción de la tasa de interés y extensión del plazo de los vencimientos y el pago del total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se comenzó así a recuperar la soberanía en materia económica al ganar márgenes de autonomía de la política económica.

La segunda fue poner fin al negocio especulativo de bancos y compañías de seguros con el dinero de los aportes previsionales de los trabajadores a través de las AFJP. Se reconquistó de ese modo la soberanía fiscal y financiera del Estado vinculada con la seguridad previsional de trabajadores y jubilados y con la cobertura social de los sectores más vulnerables.

Ahora se anunció que termina la historia de los españoles de Repsol en YPF luego de casi catorce años de predación de recursos naturales estratégicos no renovables. La expropiación de acciones junto a la declaración de interés público nacional de la producción de hidrocarburos inicia el tránsito empinado de restaurar la soberanía energética.

El desarrollo de un país está vinculado con la disponibilidad y producción de energía para su sector productivo. Se necesita energía abundante y sin interrupción para sostener ritmos de crecimiento acelerados. A la vez, esa energía debe ser comercializada a costos que permitan a las actividades ser competitivas, local e internacionalmente. Para alcanzar ese objetivo en el caso argentino es fundamental el autoabastecimiento. Para lograrlo es tan importante la expropiación de las acciones de Repsol como la declaración de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. Así lo presenta el proyecto oficial.

Esto último alcanza a todas las petroleras, además de YPF. Significa que se pone fin a la libre disponibilidad del recurso extraído del que hoy gozan las compañías privadas. Es la forma de archivar el ruinoso concepto de materia prima (commodity) para el petróleo y gas, cuyo destino lo decide quien lo extrae (las petroleras), para recuperar la idea de recurso estratégico, como lo consideraba la YPF estatal y como lo siguieron considerando todos los países petroleros pese a la ola neoliberal. Esto es una clave esencial del proyecto de ley que ingresó ayer al Senado.

El petróleo y el gas –combustibles por el momento imprescindibles para impulsar el motor de la economía– son recursos escasos no renovables. Característica que los convierte en estratégicos. Esto no es materia de discusión ni debate en los países centrales, donde el acceso, control y utilización del petróleo son considerados una política de Estado. Con el Estado nuevamente a cargo de YPF se buscará recuperar el autoabastecimiento, pérdida que lesiona la seguridad económica, fiscal y energética del país. Ese objetivo se enfrentaba con una limitación si los recursos hidrocarburíferos seguían siendo considerados una materia prima de libre disponibilidad, con el predominio del criterio privado de maximizar utilidades en el período más corto, y si son empresas extranjeras, enviar esas ganancias a sus casas matrices.

Este comportamiento se traduce necesariamente en escaso compromiso de inversión y de explotación prudente de recursos estratégicos no renovables, e indiferencia para la recuperación de reservas o por el autoabastecimiento energético del país. Por eso resulta imprescindible la intervención del Estado en la gestión y control del mercado de hidrocarburos, no sólo impulsando inversiones en infraestructura, como gasoductos o centrales eléctricas, sino también en la administración y planificación de la disponibilidad de petróleo y gas. Hoy esto significa recuperar la soberanía energética, que incluye a los privados, pero bajo una planificación estratégica del Estado.

El kirchnerismo no buscó la salida de la expropiación, pero abrió esa puerta ante la política predatoria de los pozos petroleros por parte de Repsol y sus gaseosos planes de inversión. A medida que se fue desplegando su gobierno desde 2003 fue interviniendo en este sector clave. Desconectó el precio local de los combustibles del vigente a nivel internacional, alentando de ese modo el consumo y la competitividad industrial. Pese a que en los últimos años ha autorizado una seguidilla de ajustes en esas tarifas, aún se siguen ubicando por debajo de las que rigen en otros países de la región, excluyendo Venezuela. Con el objetivo de modificar el rumbo de YPF en manos de los españoles de Repsol impulsó el desembarco del grupo local Eskenazi en YPF, con criterio voluntarista sobre el papel dinámico que podía liderar un sector de la burguesía nacional, que terminó imitando la conducta financiera de los españoles.

Aplicó retenciones móviles a las exportaciones al fijar un techo de 42 dólares por barril de exportación. La suma por encima de ese valor máximo quedó en las arcas públicas. Esa participación estatal en la renta petrolera ha sido muy importante. A fines del año pasado también eliminó el privilegio de las petroleras de mantener los dólares de exportación en el exterior, obligándolas a liquidarlos en el mercado único de cambios local.

Esas medidas no avanzaban sobre el núcleo del problema: la crisis del modelo energético de desregulación y privatización. Ahora se abordó con decisión la tarea de empezar a cambiarlo con el proyecto de ley enviado al Congreso disponiendo la expropiación de acciones de Repsol y declarando de interés público nacional el autoabastecimiento.

Las amenazas españolas de nuevo rico hoy en quiebra sólo expresan el estado de desesperación por saber que ya no son lo que imaginaron que eran. El gobierno conservador de Mariano Rajoy tiene problemas mucho más relevantes que el destino de una empresa petrolera que se dedicó a devastar los pozos de petróleo en Argentina para financiar su expansión global. Las provocaciones anunciando represalias, los desbordes verbales y las advertencias de rupturas de sus funcionarios no son muestras de fortalezas, sino de debilidad, que es la situación en que se encuentra España por una política suicida de austeridad y ajuste.

Finalmente, llegó el día del punto final de la YPF privada.

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La nacionalización de YPF, filial de Repsol, por el gobierno de Argentina

Alberto Garzón, Pijus Economicus  Rebilión 17/04/2012.

El gobierno de Argentina, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, ha confirmado los rumores de los últimos días y ha anunciado la nacionalización de la empresa YPF, filial de la multinacional REPSOL. En este post recopilamos la información más relevante que hemos publicado estos días sobre esta cuestión.

En primer lugar conviene hacer algunas aclaraciones acerca de la propia medida, pues de momento las informaciones son imprecisas. Se habla tanto de “expropiación” como de  “nacionalización” y de “compra”, sin precisar mucho más. Las definiciones son importantes y deben acompañar a los conceptos, pero hasta el momento la información disponible nos indica que se trata, efectivamente, de una nacionalización –por lo tanto pagada, pero sin precio asignado hasta el momento- por parte del gobierno argentino. No se trata de una decisión voluntaria por parte de las dos partes, sino de una decisión unilateral que, no obstante, asigna un precio a la entidad por adquirir[1].

En segundo lugar, YPF es una entidad que no es propiedad al cien por cien de la multinacional Repsol. En realidad Repsol controla en torno al 57% de YPF, lo que la convierte en el socio mayoritario y el que tiene poder de control y gestión, pero no es el beneficiario pleno de la actividad de YPF. El resto de la empresa es propiedad de capital privado argentino y de capital flotante (propiedad de capital argentino y extranjero).

En tercer lugar, la historia es importante. YPF fue fundada en 1922 por el Estado argentino y fue de titularidad pública hasta 1992, cuando comenzó el proceso de privatización auspiciado por los organismos internacionales –especialmente el Fondo Monetario Internacional- en el marco de los llamados planes de ajuste. La empresa terminó de privatizarse en 1999 cuando Repsol –otra empresa que fue en otro tiempo pública, en este caso española- se hizo con la mayoría de las acciones de YPF.

Durante la etapa de la “sustitución de importaciones” -a partir años treinta- YPF jugó un rol fundamental en la reestructuración de la economía argentina. La influencia de los autores dependentistas y neomarxistas llevó a Argentina a una estructura económica que la situó entre los países más avanzados del mundo en la época de posguerra, atrayendo a gran parte de los refugiados por la II Guerra Mundial. Su modelo de exportación de materias primas fue progresivamente sustituido por uno en el que la industria jugaba un rol crucial, proporcionando un modelo de crecimiento más sólido que permitió unas condiciones laborales estables y un incipiente sistema de protección social.

Tras la dictadura militar y la crisis estructural de los años setenta y ochenta, el gobierno argentino de Carlos Menem fue el responsable de la privatización, si bien fueron las políticas del Consenso de Washington las que inspiraron dicho proceso. Junto a esa privatización se dieron reformas estructurales que llevaron a la privatización de los planes de pensiones, reformas en el mercado de trabajo que precarizaron las condiciones laborales y otras reformas que llevaron a la gravísima crisis de 2000. Sólo después de que Argentina se rebelara contra el FMI y sus planes de ajuste, incluso acometiendo una quita de la deuda –no pagar parte de la deuda externa-, pudo el país volver a remontar aquella situación.

En cuarto lugar, Repsol no es técnicamente una empresa española, y en absoluto es propiedad de todos los españoles. Más del 50% de la multinacional es propiedad del capital extranjero (el 42% pertenece a fondos de inversión extranjeros –gestionados habitualmente por grandes bancos- y el 9’5% pertenece a la empresa mexicana PEMEX). El resto de la empresa es propiedad del grupo de capital privado español Sacyr (10%), de una entidad financiera española como Caixabank (12’83%) y de más capital privado español.

En quinto lugar, Repsol proporciona beneficios a la economía española que podrían considerarse nimios. Repsol declara en España el 25% de sus beneficios totales por todo el mundo, y en 2010 pagó impuestos aquí por valor de 949 millones de euros a un tipo impositivo efectivo del 26’8%. Ello quiere decir que ni siquiera paga el 30% que corresponde como tipo nominal por tributar en España. Repsol paga otro tipo de impuestos en los países donde opera, como Argentina o Libia, pero también tiene operaciones en paraísos fiscales. Y su operativa financiera muy probablemente no se contabilice en España.

En sexto lugar, el crecimiento y desarrollo de Repsol –que debe mucho a la privatización argentina de YPF- no es igual de beneficioso para todas las partes que conforman la multinacional. Mientras los beneficios contables han crecido un 11’97% entre 1998 y 2007, el salario medio de sus empleados sólo ha crecido un 1’71%. Eso quiere decir que los mayores beneficiados han sido los accionistas privados –fundamentalmente grandes empresas extranjeras y otras españolas- y no sus trabajadores.

En séptimo lugar, Repsol-YPF en tanto que empresa privada sólo persigue maximizar el beneficio en el corto plazo –para sus accionistas, además-, de modo que su estrategia empresarial no tiene por qué alinearse necesariamente con la estrategia de desarrollo de la economía argentina. Esta es precisamente una de las razones que aduce el gobierno argentino, que desea recuperar la empresa para poder usarla como instrumento efectivo de desarrollo.

En definitiva, hablamos de un fenómeno económico que debe analizarse desde un enfoque adecuado. No están enfrentados los intereses de dos naciones distintas, sino los intereses nacionales de Argentina y los intereses económicos de sujetos privados de distintas nacionalidades –y entre ellas, en menor grado, españoles-. Por lo tanto, es una falacia considerar esta medida económica como un ataque a España. Es una compra legal, que en todo caso podría estar minusvalorada –ya veremos-, y que afecta a los intereses de unos sujetos económicos –grandes empresas y bancos- que no comparten beneficios con el resto de la sociedad.

Esta no es la guerra de los trabajadores españoles. En todo caso queda pendiente ver si la gestión de YPF, a partir de ahora en poder del Estado argentino, será beneficiosa para los trabajadores argentinos o si, por el contrario, será YPF un instrumento al servicio de las oligarquías argentinas. No obstante, no es ese el tema que ahora nos ocupa.

Es una vergüenza que el gobierno español salga en defensa de los intereses de las grandes empresas españolas que poseen un capital minoritario de Repsol, en perjuicio de los intereses nacionales de un país soberano como Argentina. Más aún cuando mientras eso ocurre el gobierno está efectuando políticas de recortes que hacen recaer el peso de la crisis sobre la población española más desfavorecida.

Para el gobierno del PP el grado de atención y ayuda prestada depende del tamaño del bolsillo. Lo que debería hacer el PP, en vez de proteger los intereses de los más ricos, es replantearse su política económica y reflexionar acerca de si no es mejor opción de política económica imitar a Argentina y proceder a la recuperación de determinados instrumentos políticos. Instrumentos que deberían ponerse al servicio de los españoles en su conjunto, y no de unos pocos adinerados con capacidad para especular en distintos mercados financieros –entre ellos el de acciones.

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YPF recuperada: los "españolazos" están nerviosos

por Carlos Aznárez, Director de Resumen Latinoamericano.

Los habitantes de las Islas Canarias, enclave africano conquistado por la Corona de Castilla a fines del siglo XV y principios del XVI, después de una encarnizada resistencia de sus habitantes originarios guanches (a los que los invasores asesinaron por montones), identifican aún hoy a los invasores con el nombre de "godos".

Los mexicanos, que sufrieron el genocidio impulsado por Hernán Cortez en el Siglo XVI, cuando sus esbirros hicieron rendir a sangre y espada, el bastión de Tenochtitlán, los recuerdan con el despectivo apodo de "gachupines". 

Los indígenas peruanos que resistieron la invasión española y que eran liderados por Manko Inka, los denominaron "chapetones", y recuerdan -en la memoria de cada una de sus etnias- los días de dolor y sufrimiento que les implicó semejante impostura colonial.

Los independentistas vascos, que han lidiado durante siglos con los hijos de Castilla, soportando invasiones, guerras sangrientas, y más cercano en el tiempo, cárcel, torturas, desapariciones y asesinatos, se refieren a ellos como "españolazos". Maldicen su voracidad conquistadora, que siempre vino acompañada de un comportamiento bestial, y jamás han dejado de resistir a quienes así se comportan. Homenajean así aquellas jornadas en que sus antepasados defendieron heroicamente el Castillo de Amaiur, en Navarra, hasta su caída en manos de los sicarios de Fernando El Católico, pero también denuncian en estos días del mes de abril de 2012, el talante guerrerista de los súbditos del Borbón Juan Carlos, ese mismo que asesinó a su hermano menor Alfonso,para quedarse con la corona y que ahora caza elefantes en peligro de extinción en Bostwana, y se parte la cadera por exceso de consumo etílico. El rey y sus vasallos Rajoy y Rubalcaba, más algunos pajes menores, son los que siguen cerrando las posibilidades de una paz justa en Euskal Herria, afirman estos tozudos y nobles vascos.

Godos, gachupines, chapetones y españolazos nos son más que formas autóctonas para denominar una forma de ser de quienes a lo largo de los siglos han gobernado esa entelequia autodefinida como "España", que en realidad no es otra cosa que el producto de territorios conquistados por los castellanos, sembrando muerte entre sus habitantes originarios. De la misma manera que hicieron aquellos que, llegados en barcos y carabelas, asolaron Indoamérica dejando un saldo de 90 millones de asesinados.

De un tiempo a esta parte, los conquistadores se hacen llamar Repsol, Telefónica, Endesa, Unión Fenosa, BBVA, Iberia, La Caixa, Iberdrola, Banco Santander. Sus métodos son tan crueles y devastadores como los que aplicaban sus antecesores. Estos también repartieron espejitos de colores, compraron mentalidades y cooptaron conciencias, generaron la idea de que su participación era esencial para amortiguar las pérdidas y desajustes que los "criollos" no supieron frenar con sus empresas locales. Se mostraron como "solidarios" y en realidad atenazaron países para amarrarlos a una dependencia que en todos los casos derivó en miseria y destrucción en cada uno de los sitios que se asentaron. No actuaron solos, siempre tuvieron cómplices entre los mandatarios y jerarcas locales. Algunos aprovecharon la "invitación" y entregaron la soberanía sin dudarlo, otros, se hicieron socios para llenar sus bolsillos de coimas y prebendas. Todos, sin excepción, sabían "de qué se trataba" y no dudaron en dar el mal paso.

Pero ahora las cosas son muy distintas en el continente. O por lo menos, empiezan a revertirse algunos escenarios de los que estos españolazos de la "nueva Conquista" se habían aprovechado.
Por eso, no es casual que el caso Repsol los ponga de golpe en paños menores. Y todos a una, como diría D'Artagnan, se han alineado -desde Rajoy y Brufau (este último titular de la petrolera española) hasta el "socialista" o socialisto Rubalcaba- para gritar que se sienten ofendidos, doloridos, enojados, hostilizados, por la mala noticia que les ha llegado desde Sudamérica.

Son de lo que no hay estos españolazos. No sólo roban y matan, sino que todavía protestan cuando sus víctimas se resisten. Pero esta vez, para su desgracia, están muy mal ubicados en la foto. Ya se les conocen las mañas, hay bronca frente a sus reclamos, y a nivel popular, esta muestra de dignidad producida a través de la nacionalización anunciada por el gobierno argentino -tardía decisión pero más que necesaria- ha servido para cerrar filas y enrostrarles a los conquistadores todas las ofensas acumuladas a lo largo del tiempo.

El ultraderechista Rajoy puede decir y hacer lo que quiera, pero ahora todos saben que sus carabelas están haciendo agua, y lo que es peor, amenazan con hundirse. El presidente de Repsol, puede batir las campanas al aire, pero no le conviene insistir demasiado ya que, como el efecto dominó, la decisión argentina puede ser utilizada también por otros países de la región, que están hastiados del prepotente trato que reciben de la petrolera española. De poco le va a servir la solidaridad cipaya que le hiciera llegar su socio en la empresa, el mandatario mexicano Calderón, ya que es sabido que su reinado está en plena  caída libre.

Es bueno doblemente que YPF deje de ser española. Por un lado, porque se recupera la posibilidad de que las regalías de la explotación petrolífera puedan servir -como en Venezuela y Bolivia- para distribuirlas entre los que menos tienen. Que esto sea así y que finalmente no se acepten los pedidos histéricos de indemnización pedidas por Repsol, dependerá del control popular hacia quienes hoy han tomado esta decisión. Por otra parte, el anuncio ha puesto en evidencia, como ocurre con Inglaterra en el caso de las Malvinas, que España ha sido y pretende seguir siendo, un imperio destructor y rapiñero. Pero por primera vez, en las últimas décadas, sus amenazas ya no asustan a nadie. Los españolazos se parecen cada vez más a esas republiquetas bananeras con las que tanto comparaban a los países latinoamericanos, cuando querían ofenderlos y humillarlos.