por Claudia Sepúlveda

La inédita respuesta del Presidente Piñera a la creciente ola de protesta desatada por la aprobación a la Termoeléctrica Barrancones ha provocado reconocimientos y críticas. Entre las últimas destacan cuestionamientos por haber intervenido una decisión tomada por las autoridades responsables, como parte de un proceso de calificación de nuevas inversiones dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el que llevaba tres años. Estas críticas argumentan que el accionar de Piñera afectó la estabilidad y credibilidad de las instituciones ambientales, además de dañar la imagen del país y de comprometer la certidumbre jurídica requerida para atraer inversionistas.