Chile: ¿Quién gana con los incendios forestales?

Fuente: A Toda Costa.

Con abstracción de los rumores absurdos y las acusaciones sin base circuladas en las redes, ha cobrado cierta importancia la hipotesis de la intencionalidad detrás de la tierra arrasada por el cinturón de fuego. Es, evidentemente digna de analizar, y para eso conviene preguntarse ¿quién gana con los incendios forestales?

Pero antes, examinemos la información que apunta a la intencionalidad.

La Superiora del Monasterio Carmelitas Descalzas, María Elisa Castillo, atribuyó los incendios a empresas eléctricas:

“Ha habido varios incendios donde primero hay sonidos como balazos, después se apagan las luces y comienza en incendio”.

El convento se ubica cerca del incendio de El Toyo.

A su turno, el fiscal regional sur, Raúl Guzmán, informó que se investiga intencionalidad en ese incendio, que ya ha consumido 1.400 hectáreas. .

El Gobierno presentó una querella contra los cuatro detenidos, acusados de iniciar el incendio forestal en la comuna de Chépica, en la Región de O’Higgins, luego que cerca de las 19:30 horas del jueves, en el sector Los Amarillos, Carabineros los sorprendiera iniciando la quema de unos pastizales, que afectó unos 700 metros.

Según Carabineros, se trata de cuatro sujetos de entre 21 y 46 años, que se dieron a la fuga tras ser sorprendidos, y luego de ser alcanzados y detenidos, fueron trasladados hasta el Hospital de Santa Cruz para constatar lesiones, donde llegó un grupo de personas con la intención de agredirlos.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, informó:

“Hemos presentado una querella por Ley de Seguridad del Estado y por delito de incendio en contra de los cuatro detenidos en Chépica dada la gravedad de los hechos cometidos en un territorio que se encuentra con Estado de Catástrofe y por el acelerante encontrado en manos de estos individuos. El Gobierno no va a tolerar que personas inescrupulosas generen este tipo de hechos cuando todo el país lucha hoy por apagar los incendios forestales”.

Sin embargo, los cuatro detenidos de Chépica quedaron en libertad, luego de que los antecedentes presentados por la Fiscalía no fueran suficientes para determinar su participación en los lugares donde se inició el fuego en Chépica.

Incluso, la defensa de uno de los formalizados presentó un certificado que demostraba que el acusado estaba en su lugar de trabajo al momento en que se habría iniciado el incendio.

Por tanto, el tribunal consideró que no habían pruebas suficientes en contra de los imputados para determinar alguna medida cautelar en su contra.

En cambio, la Fiscalía formalizó al hombre que fue detenido por iniciar intencionalmente un incendio forestal en Curanilahue, región del Bío Bío.

Se trata de Juan Carlos Mendoza, formalizado ante la jueza Ximena Martínez del Tribunal de Garantía de la comuna.

El acusado quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva, pues los antecedentes aportados por el Ministerio Público fueron considerados como suficientes para determinar presunta intencionalidad en el ilícito.

En paralelo, en radio Cooperativa, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, señaló:

“Me parece muy positivo que se hayan encontrado personas que, aparentemente, todo indica que estaban dedicados a quemar. Las motivaciones las tendrá que investigar la Fiscalía, pero es evidente que hay gente que ha estado provocando los incendios. Es evidente también que hay otra gente que por descuido los ha provocado, pero me parece que de ningún modo puede excluirse la intencionalidad, como se está comenzando a comprobar”.

O sea, al menos dos ministros, dos fiscales y una jueza suscriben la hipotesis de la intencionalidad. No es poco.

Ahora, examinemos quién pierde con los incendios forestales.

La interminable secuencia de incendios en las regiones del Biobío y El Maule está arrasando con parte importante de la masa forestal de las principales empresas madereras del país: Forestal Mininco, de CMPC, de la famila Matte, y Forestal Arauco Arauco, del Grupo Angelini.

La Corporación Chilena de la Madera, CORMA, que agrupa a las principales empresas del sector, reportó más de 40.000 hectáreas de sus asociados, quemadas hasta el viernes. La cifra crecerá conforme sigan los incendios.

Entre los más afectados están, como se dijo, Forestal Arauco y Forestal Mininco, que concentran cerca del ochenta por ciento de la superficie forestal del país.

En el caso de Arauco, la empresa más afectada, se estimaban hasta el viernes al menos 25.000 las hectáreas quemadas. La suma incluye los perjuicios del incendio de uno de los aserraderos de la firma, ocurrido el martes por la noche en la localidad de Santa Olga.

CMPC, en tanto, informó que forestal Mininco ha combatido 336 incendios forestales, desde el 1 de diciembre, de los cuales el 40% han sido propiedad de particulares.

En el catastro del gremio maderero no están incluidos los daños estructurales y de instalaciones que provocaron las llamas, los que hasta ahora no han podido ser cuantificados, dada la imposibilidad de acceso a las zonas afectadas.

CORMA agregó que los incendios concentrados el día miércoles, en la Séptima Región, representan casi el 60% de la producción de madera desarrollada por pymes y el 40% restante por pequeños y medianos empresarios.

También han sido afectadas centenares de micro y medianas empresas madereras de la zona.

La Dirección Regional del Trabajo de la región del Maule estableció que una vez finalizado el estado de emergencia, se realizará un catastro de los perjuicios laborales ocasionados por los siniestros, particularmente en la zona del cordón industrial de la zona de San Javier, situado en el triángulo conformado por Empedrado, Constitución y Santa Olga, donde se concentra la mayor cantidad de faenas de este tipo.

En suma, perdieron todos, pero algunos más que otros.

Y ahora, la pregunta del millón: ¿quién gana con la catástrofe forestal?

Si fue lo primero que pensó, está en lo correcto: las empresas forestales de la familia Matte y del grupo Angelini, entre otras.

A diferencia de las pymes y pequeños empresarios, que efectivamente hacen la pérdida, las empresas de Forestal Arauco y Forestal Mininco, están cubiertas por millonarias pólizas de seguros. Así, la aparente pérdida es ganancia, porque la póliza amortiza la pérdida y deja un diferencial. O sea, mientras más hectáreas arrasadas sufre, mayor es la liquidez del grupo económico.

Eso es lo primero a tener en cuenta.

Luego, es necesario recordar que la dictadura les traspasó, a precios de ocasión, y subsidiados, grandes extensiones de terrenos, entre la sexta y la novena región, a las empresas de la familia Matte y del grupo Angelini. También al abogado Jorge Carey. En sus buenos tiempos, Francisco Javier Errázuriz alcanzó alguna participación.

En la actualidad, dos millones de hectáreas de plantaciones de pinos y eucaliptus está controlada por dos grupos económicos controladores de Mininco-CMPC y Celco-Arauco, cuyos propietarios poseen fortunas valorizadas en miles de millones de dólares.

Forestal Arauco tiene alrededor de un millón doscientas mil hectáreas plantadas, y Forestal Mininco, más de setecientas cincuenta mil. Entre ambas, representan el 70 % de la industria, que además está verticalizada en plantas de celulosa, papeles, aserraderos, maderas industriales y manufactura de muebles.

La sostenida expansión de esas empresas, y su integración vertical y horizontal, devino en la actual naturaleza oligopólica del “mercado” de la madera.

Pero eso no es todo.

El Estado de Chile subsidia en 75% la adquisición del terrero y la plantación de los bosques de pino y eucalipto.

Cuando, a fines de la década de los setenta, estas empresas se pusieron a plantar a destajo en la séptima, octava y novena región, las incipientes organizaciones ambientalistas adviertieron que se trataba de especies foráneas, agresivas con el entorno, que producían degradación del suelo, y desecación de napas, cursos y reservas de agua. No hicieron caso.

Con prepotencia neoliberal y esa convicción desdeñosa que les dió la dictadura, de no pagar por las externalidades negativas que le generan al entorno y a los asentamientos humanos aledaños o vecinos de sus establecimientos, porque “dan trabajo”, siguieron plantando como si oyeran llover.

Dicho y hecho. Las consecuencias eran enteramente previsibles.

La expansión del pino y el eucaliptus degradó el suelo, secó el norte de la octava región y el sur de la novena, y arruinó a las comunidades mapuche de ese territorio.

Irónicamente, el desecamiento de fuentes y reservas de agua, ha sido uno de los factores coadyuvantes del torbellino de fuego.

Sucede que con el Decreto Ley 701, esas empresas no tenían cómo perderse. Por tanto, hay que poner atención al siguiente concepto:

El DL 701 establece subsidios a la recuperación de suelos degradados, declarados de aptitud forestal, y su recuperación con monocultivos. Y todavá está vigente.

En consecuencia, existe una alta probabilidad que, una vez sofocada la emergencia de la tragedia, en la economía del área afectada sucedan intercambios comerciales propios de una etapa de crisis, en un mercado oligopólico.

Pequeños propietarios que lo perdieron todo, que no estaban asegurados, y probablemente endeudados, no tendrán más recurso que vender sus terrenos, y por regla de mercado, muy por debajo de su valor.

¿Y quién tiene liquidez para salir a comprar todas las oportunidades de negocios que son la otra cara de la crisis?.

Si cree que los pierdeteuna, nuevamente acertó. Cabe apostar sobre seguro que, superada la mergencia, la superficie de las forestales Arauco y Mininco habrá crecido en no menores órdenes de magnitud.

Pero no crea que con eso llegamos al final del rollo.

Sobre esa superficie ampliada, ambas empresas invocarán el DL 701 para volver a plantar pino y eucaliptus. Ocurre que una vez declarada la pérdida, CONAF, corporación privada que opera con dineros públicos, emite un certificado que acredita la calidad de terrenos en aptitud forestal.

Entonces, con subsidio del Estado; es decir, con plata de nuestros impuestos, se da una nueva vuelta de tuerca en el mecanismo que enriquece a un puñado, arruina a la mayoría y destruye el ecosistema del país.

Pero, calma, que todavía hay más.

En su último reporte, CONAF cifra en 387.374,38 las hectáreas destruídas por el fuego. Infortunadamente, y estando a su alcance, no desagrega entre la derstrucción de bosque nativo y plantaciones forestales.

El detalle es crucial. Por ley, no se puede intervenir el bosque nativo declarado en peligro de extinción. Pero el sistema neoliberal está cuajado de letra chica. Si se incendia, y es declarado suelo degradado, puede ser reemplazado por monocultivo.

Esa lógica perversa es la misma que casi terminó con los alerzales de las regiones décima y undécima.

Por ley, no se podía comerciar con alerce, especie en peligro de extinción. Salvo en caso de incendio, en que se autoriza la comercialización de la madera salvada. Resultado neto: incendios forestales que duraron meses, y que todavía hoy sobrecogen al viajero que se topa con sus lóbregos esqueletos.

Por ahora, no sabemos exactamente cuántas de esas más de 387 mil hectáreas consumidas, corresponden a bosque nativo. Pero lo seguro es que, las que sean, un importante porcentaje será reemplazado por pino y eucaliptus, en virtud del dudosamente célebre DL 701.

Hay un par de datos del DL 71 que deben ser tenidos en consideración.

Su origen remonta a 1974 cuando lo decretó el ministro de Economía, Fernando Léniz, a instancias del entoces director de CORFO y yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, quién a la vez tenía intereses en los sectores agrícola y forestal.

La apariencia de decreto transitorio era la piel de oveja que ocultaba al lobo de una disposición de neoliberalismo estratégico.

En los hechos, la primera prórroga sucede en el Gobierno de Eduardo Frei en 1998, que por si fuera poco, incorporó una cláusula retroactiva a 1996.

En 2012, Piñera renovó el DL 701 por dos años, pero además, envió un proyecto de ley para extenderlo por otros ¡¡20 años!!

En 2015, la Presidenta Bachelet anunció una nueva prórroga del DL 71, que quedó detenida en el Congreso, cuando estalló la colusión del papel confort.

No es necesaria gran perspicacia para concluir que el DL 71 será derogado apenas la correlación de fuerzas lo permita.

En consecuencia, hay que operar aquí y ahora.

A esta altura, y para efectos legales, conviene aclarar que estas reflexiones no constituyen, necesariamente, una acusación de que Arauco y Mininco están detrás de los más de 135 incendios declarados en los últimos quince días.

Pero de que les conviene, es indudable.

Avanzando un nuevo paso, cabe preguntarse: ¿pueden 135 incendios declararse por la vía espontánea?.

Evidente que no.

En consecuencia, ¿es admisible, hipotéticamente, una acción concertada de esas empresas para desencadenar la furia de Vulcano?.

Lógico.

En esa hipotesis, personajes como los cuatro de Chépica, o el sujeto de Curanilahue, no aparecen como locos incendiarios sin propósito, sino más bien como lumpen contratado para labores específicas.

Ultima pregunta: las empresas de los grupos Matte y Angelini, ¿serán tal desalmadas como para eso?.

Difícil decirlo, porque implica demasiada bestialidad. Pero su historia no aconseja desecharlo.

En el caso de la familia Matte, está probado que conspiró contra el Gobierno de Allende; que sus empresas colaboraron con la represión, y luego con la ocultación de los crímenes; que se apoderaron de recursos públicos de manera tramposa, a precios de ocasión; que todas esas ventajas le han concedido una posición monopólica, la cual les permite impunes transgresiones de gran maginitud, como la colusión del confort y los pañales, o la compra de parlamentarios, caso de Corpesca, del grupo Angelini.

Para terminar, ¿es admisible la hipotesis de la intencionalidad en el holocausto de fuego del Chile forestal?

A la luz de estos antecedentes, es una hipotesis aterradoramente real.

En ese evento, ¿cabría imputarla a la maldad humana?

Innecesario, puesto que se trataría de una consecuencia inherente al modo de producción imperante, oligopólico y neoliberal.

Análisis: ¿Quién gana con los incendios forestales?

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