Ecuador: De la “descorreización” a la consulta popular.
por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda /SurySur.
¿Qué es lo que sucede en Ecuador? Es la pregunta recurrente que circula en el exterior, entre profesores, académicos, editorialistas o personas de reconocida influencia en la opinión crítica de sus países. Tratando de responder a esa inquietud, habría que señalar que los 10 años del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) formaron parte del ciclo de gobiernos progresistas de América Latina.
Ellos despertaron poderosas fuerzas enemigas: el imperialismo, las élites empresariales, los medios de comunicación privados ligados a esos intereses, los partidos políticos tradicionales. En Ecuador, a estos sectores se unieron, con el paso del tiempo, dirigentes de movimientos sociales que perdieron antiguas prebendas y posiciones, así como partidos y sectores de la antigua izquierda, que fueron incapaces de comprender la época histórica que se vivía.
Para las elecciones de 2017, Alianza País (AP), el partido-movimiento que dio origen al gobierno de Correa, postuló al binomio Lenín Moreno y Jorge Glas. En la primera vuelta (19 de febrero) confrontaron a siete binomios, pero para la segunda (2 de abril) se 
enfrentaron al exbanquero y millonario Guillermo Lasso (binomio con Andrés Páez), auspiciado por Creo y SUMA, y apoyado por la derecha política. Ganó Moreno con 51.16 por ciento de votos (Lasso obtuvo 48.84 por ciento). Ese triunfo fue calificado de fraude por el candidato perdedor, de modo que el Consejo Nacional Electoral (CNE), cediendo a las presiones, tuvo que realizar otro conteo de sufragios.
Durante la campaña, Moreno expresó lealtad a Correa, a quien destacó como el mejor presidente en la historia nacional. Señaló que la Revolución Ciudadana continuaría. Eso destapó los ataques de la oposición, que lo miró como el futuro continuista de un gobierno tildado de antidemocrático, autoritario, caudillista o populista.
Con la toma de posesión (24 de mayo), Moreno nombró un gabinete con algunas personas identificadas con el anterior gobierno y otros nuevos empresarios, lo cual parecía una renovación necesaria. Pero en pocas semanas la situación cambió. Sirvió de estrategia el diálogo nacional que inauguró el mandatario y que derivó en el resurgir de las derechas políticas y, sobre todo, de las élites empresariales, auspiciadas por los más influyentes medios de comunicación privados, que aplaudieron el nuevo ambiente de libertad que según Moreno ahora sí se respiraba.
Bajo ese inédito ambiente, no visto en una década, estalló el tema de la corrupción, que involucró a Odebrecht, PetroEcuador y altos funcionarios del gobierno de Correa. Sin duda, los escandalosos casos descubiertos, magnificados por los políticos de la antigua oposición y los medios de comunicación que los secundan, golpearon seriamente la imagen de Revolución Ciudadana. El juicio al vicepresidente Glas concluyó con sentencia condenatoria. De modo que el tema acicateó las justificaciones de la ruptura definitiva del gobierno morenista con su antecesor, al tiempo que siguieron amenazas judiciales y de la Contraloría contra antiguos funcionarios del correísmo.
En apenas ocho meses se modificó la correlación de fuerzas en el país. Hoy, élites empresariales, partidos de derecha política y toda la gama de sectores que han encontrado la oportunidad para movilizar su visceral anticorreísmo han adquirido presencia e influencia, ocupan los espacios mediáticos y sienten que sus posiciones predominan. Los banqueros recibieron el monopolio del manejo del dinero electrónico que estuvo en manos del Banco Central, algo impensable en el gobierno de Correa.
A esas fuerzas también se han unido las izquierdas tradicionales, los marxistas pro-bancarios (otrora hicieron campaña a favor de Lasso) y hasta dirigentes de movimientos sociales (como el indígena y el de los trabajadores), atraídos con puestos públicos o nuevas prebendas de coyuntura. A los medios de comunicación privados se han sumado, paradójicamente, los públicos, alineados ahora con la misma visión. Todos se orientan por la descorreización del Estado y de la sociedad, y ven que este proceso avanza inexorablemente. No se habla más de Revolución Ciudadana ni del socialismo del siglo XXI.
Para el ex presidente Correa y sus partidarios, Moreno representa la traición y ahora cumple el programa perdedor de Lasso. En la geopolítica internacional no cabe descartar la movilización de estrategias continentales contra todo gobierno progresista en América Latina y para perseguir a sus figuras, como ha ocurrido con Cristina Fernández, Lula da Silva o Dilma Rousseff.
El mismo partido-movimiento AP literalmente fue tomado por los morenistas, que lograron el desconocimiento legal de la directiva correísta, fracción que pasó a identificarse con el nombre Revolución Ciudadana y que intentó registrarse como nueva agrupación política ante el CNE sin éxito.
En este contexto, la convocatoria gubernamental a consulta popular, siete preguntas, inevitablemente conduce a legitimar las nuevas circunstancias políticas y captar la institucionalidad estatal, desplazando definitivamente al correísmo. Son tres las preguntas de mayor significación y polémica: la dos, que propone negar la relección indefinida; la tres, para restructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y la seis, para derogar la ley de plusvalía.
La dos impedirá cualquier retorno de Rafael Correa al poder, propósito explícitamente publicitado por quienes defienden el Sí. La pregunta seis es fruto de la presión de un sector empresarial que considera que el impuesto a la venta de bienes inmuebles afecta sus negocios. Pero la tres es la decisiva, porque la Asamblea Nacional nombrará siete miembros del CPCCS de transición (en el futuro sería por elecciones) entre las ternas que enviará el Ejecutivo, y que tendrá la capacidad para evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el consejo cesado, pudiendo incluso declarar la terminación anticipada de sus funciones.
En consecuencia, el CPCCS de transición podrá nombrar contralor, fiscal, procurador, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional de la Judicatura (nombra jueces), Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, superintendentes. Se interviene, por tanto, en una de las cinco funciones del Estado creadas por la Constitución de 2008 y además, de triunfar el Sí, es previsible que las nuevas autoridades resulten de las componendas políticas, involucrando al Ejecutivo. Sería un retroceso histórico a los amarres típicos de la vieja clase política, que parecían superados desde 2007.
El ex presidente Rafael Correa llegó al país (vive con su familia en Bélgica) para respaldar a quienes promueven el No bajo condiciones absolutamente adversas. El resultado se conocerá el 4 de febrero, día de la consulta popular. Lo que ocurra después es mejor que quede como materia de análisis pendiente para otra ocasión.
29 de enero 2017
Fuente: http://www.surysur.net/ecuador-de-la-descorreizacion-a-la-consulta-popular/
Ecuador: La traición de Lenín Moreno.
por Atilio Borón.
“Hay puñales en las sonrisas de los hombres;
cuanto más cercanos son, más sangrientos.”
(William Shakespeare)
Resulta imposible hablar de la dramática coyuntura política que se ha configurado en el Ecuador con motivo del Referendo y la Consulta Popular del 4 de Febrero sin que una palabra aflore de inmediato en la conciencia (y en el ánimo) del observador: traición. Es un término durísimo por su mayúscula inmoralidad. Ese enorme humanista que fue Shakespeare hizo de la traición objeto de innumerables reflexiones en su voluminosa producción literaria. Pero fue en Macbeth donde el tema se convirtió en el hilo conductor de la obra. Y allí la traición aparece como el reverso de una pasión enfermiza e incontrolable: la ambición y junto a ella la envidia y una mal contenida rivalidad que irrumpe de súbito ni bien las condiciones son propicias.
Podrá argüirse, ¿traición a qué, o a quién? ¿A qué? Nada menos que a la mayoría del pueblo ecuatoriano que votó por un candidato que se presentaba como el continuador de la Revolución Ciudadana, un proceso de transformaciones profundas que cambió radicalmente, y para bien, a la sociedad ecuatoriana. Moreno perpetró una estafa electoral, como la de Mauricio Macri en la Argentina, e incurrió en una malversación de la confianza en él depositada por la ciudadanía que lo hizo presidente. ¿Debería el pueblo ecuatoriano depositar su confianza en las promesas de un personaje que ya lo traicionó una vez? ¿Por qué no habría de reincidir en su deshonesta conducta? Por supuesto, como todas las creaciones históricas, la Revolución Ciudadana tuvo sus contradicciones, sus grandes aciertos, sus errores y sus asignaturas pendientes. Pero la dirección del proceso era la correcta y el imperialismo y la derecha ecuatoriana no se equivocaron al transformar a su líder, Rafael Correa, en la bête noire no sólo del Ecuador sino de la política internacional. Traición al pueblo que lo votó, al partido que lo postuló para la presidencia y también a Rafael Correa, de quien Lenín Moreno fue su vicepresidente y muy estrecho colaborador, dentro y fuera del país, durante diez años. Traición por atacar a un personaje de quien hablaba puras maravillas durante la campaña electoral que lo proyectó al Palacio de Carondolet y en cuya enorme popularidad se apoyó para prevalecer en el muy reñido balotaje. Éste tuvo esas características porque ya desde la campaña de la primera vuelta la derecha local e internacional, los partidos del viejo orden, las cámaras empresariales y toda la oligarquía mediática en Ecuador y en el extranjero denunciaban que el fraude se habría perpetrado por el Consejo Nacional Electoral en la fase previa a los comicios y que se continuaría el día de la votación y en los posteriores mientras se practicara el recuento de los votos. Una acusación completamente infundada (como se demostró en la reunión de los representantes de CREO-SUMA, la fuerza política que postulaba a Guillermo Lasso, con los observadores internacionales invitados para monitorear el proceso electoral). Algunos de estos, para nada simpatizantes del gobierno de Correa, estallaron de indignación ante la catarata de falsas impugnaciones motorizadas por los partidarios de Lasso y amplificadas extraordinariamente por los “medios independientes”. En la citada reunión con la gente de CREO-SUMA uno de los observadores puso punto final a las críticas diciendo: “no queremos chismes, aporten datos concretos”. Nunca lo hicieron y jamás formalizaron una denuncia concreta ante el Tribunal Contencioso Electoral. El objetivo de esta estrategia difamatoria era muy claro: deslegitimar el previsible triunfo de Moreno en la primera vuelta, debilitar de antemano su gobierno y ablandar el espíritu del nuevo equipo de gobierno en caso de que el candidato de la derecha Guillermo Lasso fuese derrotado en la segunda vuelta. Pese a lo absurdo e infundado de esas acusaciones de fraude lo cierto es que hicieron mella en la frágil contextura política de Moreno y en su entorno, quienes relegaron a un papel subordinado y menor a Alianza País, una organización política que había dado sobradas muestras –¡victoriosa en catorce procesos electorales- de su eficacia como maquinaria electoral.
Pero la traición de Moreno mal podría ser explicada sólo por factores psicológicos, como si sólo fuera la maliciosa secuela de una desmedida ambición. Tampoco por groseros errores de campaña, que ocasionaron una victoria muy ajustada. La fulminante y asombrosa mutación de la orientación política del actual presidente está al servicio de un proyecto restaurador para el cual fue reclutado -¿quién sabe cuándo, cómo y a cambio de qué?- por los factores tradicionales del poder en el Ecuador y, sin duda alguna, por Washington con el objeto preciso e impostergable de destruir definitivamente cualquier opción progresista o de izquierda en el país y, por extensión, a quien como Rafael Correa encarnó esos ideales durante diez años. Obviamente que el actual presidente demostró ser un personaje tan escurridizo como inescrupuloso, que se agazapó en los intersticios de la estructura gubernamental y esperó con paciencia y astucia el momento para descargar su puñalada trapera haciendo honor a la cita utilizada en el epígrafe de esta nota. A todos les llamaba la atención, en su campaña, tanto en la primera como en la segunda vuelta, los exaltados elogios a Correa y la facilidad con que lanzaba promesas demagógicas de imposible cumplimiento. El lanzamiento del Plan Toda una Vida surgió en las dos últimas semanas de la campaña de la primera vuelta como un recurso para intensificarla, dada la probabilidad de no atravesar al 40% de los votos. Con ese plan se buscaba aterrizar la propuesta programática de Alianza País y otorgarle al discurso, hasta ese momento siempre vago, de grandes visiones y mensajes esperanzadores propios de un pastor tele-evangelista, mediante la enunciación de contenidos concretos y metas identificables por los electores. En esa línea, prometió el oro y el moro: empleo para todos, casas para todos, salud para todos pero sin jamás decir cómo financiaría esas políticas y cuál sería su proyecto económico. Se suponía que sería el que había instaurado su predecesor, pero llamativamente no habló de la economía ecuatoriana, del dominio que pese a los cambios introducidos por Correa seguían conservando los banqueros, los oligopolios mediáticos, el capital extranjero; en suma, los que detentaban en el Ecuador el poder real, distinto y muy superior al del gobierno. No pasó desapercibido para nadie como en los tramos finales de la segunda vuelta Moreno se mostraba cada vez más receptivo a los reclamos de la derecha, admitía sin respuesta sus acusaciones de fraude, oía con indiferencia sus vociferantes quejas por la falta de libertad de prensa en el Ecuador y a la necesidad de reabrir un diálogo que, presuntamente, habría sido clausurado por Correa. Pese a ello a todos nos sorprendió la intempestiva denuncia de corrupción lanzada ni bien asumió sus funciones como presidente, sombra indecente proyectada indiscriminadamente contra los funcionarios del anterior gobierno, salvo él, por supuesto. Si había tanta corrupción como Moreno decía, ¿cómo tardó diez años en darse cuenta de que estaba en un nido de corruptos? Dado que esto es inverosímil, si la corrupción existió él fue cómplice de la misma; y si no existió lo suyo es una infamia, perpetrada una vez más al servicio de la coalición de intereses que, a fines del siglo pasado, hundió al Ecuador en la peor crisis de su historia.
El desmantelamiento de la Revolución Ciudadana no sólo pasa por restaurar escandalosamente a los banqueros y a la oligarquía mediática “el poder detrás del trono”, como la verdadera autoridad del gobierno. El embate se descarga también sobre la cultura y los medios de comunicación, con la razzia practicada en el periódico oficial “El Telégrafo” que, bajo la nueva inspiración, cuenta con un ultra corrupto como el presidente brasileño Michel Temer como uno de sus colaboradores al paso que notables intelectuales ecuatorianos fueron corridos del periódico. Moreno no encuentra nada malo en que el espectro comunicacional del país haya caído una vez más en manos privadas o que medios del estado, como la Radio Pública del Ecuador, por ejemplo, se convirtiese en vociferante expresión crítica de todo lo que antes elogiaba. No obstante, el morenismo está lejos de constituir un compacto bloque en el poder. Múltiples contradicciones lo surcan. Por un lado están los sobrevivientes de la fase anterior, progresistas que –por ahora- se desempeñan en el área de las políticas sociales hasta que la derecha complete la purga realizada en la administración pública; frente a ellos se agrupa un heteróclito enjambre de grupos empresariales que tomaron el gobierno por asalto unidos por la común ambición de saquear a la economía nacional y al estado y enfrentados a otros sectores corporativos que, dejados a margen del festín, ambicionan asumir directamente el control del gobierno sin superfluas mediaciones como la de Moreno y su grupo. Este asalto al gobierno por parte de los grupos empresariales es análogo al que tuvo lugar en la Argentina con la llegada de Macri. En ambos casos se produjo un extravagante y deplorable tránsito desde el poder al gobierno cuando, en una democracia, se supone que la marcha es al revés: es el gobierno surgido del voto popular quien tiene que conquistar el poder o al menos fragmentos significativos de éste si es que efectivamente quiere gobernar El resultado de esta inversión lo estamos viendo claramente en la Argentina: vaciamiento de la democracia, desprotección social, concentración de la riqueza y recrudecimiento de la violencia institucional para acallar las protestas sociales. No creo que la historia sería muy diferente en el Ecuador de continuar por el rumbo trazado por Moreno.
De lo anterior se desprende que más allá de la aparente variedad de sus preguntas, el referendo de febrero tiene un solo objetivo: tronchar de raíz la posibilidad de que Rafael Correa pueda volver a presentarse a elecciones. Hay tres preguntas cruciales que son las que revelan con claridad el proyecto político del nuevo bloque empresarial que ha colonizado las alturas del estado: dos de ellas encaminadas a garantizar lo único que le importa al imperio y a sus lacayos ecuatorianos: el destierro político de Correa, condenarlo al ostracismo y, de ese modo, liquidar en pocos meses su herencia política revirtiendo los cambios que tuvieron lugar en los últimos diez años y reinstalando al estado nacional en su tradicional subordinación a las fuerzas del mercado. Se trata de las preguntas sobre supresión definitiva de la posibilidad que pueda tener una ciudadana o un ciudadano de repostularse para el mismo cargo, lesionando el derecho de los ciudadanos de presentarse a elecciones, de elegir y de ser elegidos, todo esto justificado con el propósito de garantizar el principio de la alternancia. El otro artículo busca eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un órgano que fue el custodio principal del estado de derecho y la separación de poderes consagrada por la Constitución de Montecristi. De aprobarse esta modificación las principales autoridades de las diferentes ramas y aparatos del estado pasarían “transitoriamente” a ser designadas a dedo por el actual presidente. En otras palabras, se legalizaría un golpe de estado. La tercera, la número seis en el referendo, expresa con meridiana claridad el pacto de Moreno con la oligarquía financiera. Mediante ella se pretende derogar la Ley de la Plusvalía que tiene por objeto “evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos.” (1) En pocas palabras, de lo que se trata con este ilegal e ilegítimo engendro jurídico es eliminar para siempre la presencia de Rafael Correa en la política ecuatoriana (y regional); reconstruir en clave corporativa y privatista al estado, como sucediera en la Argentina de Macri, facilitando las operaciones especulativas de los capitalistas (de ahí la anhelada derogación de la Ley de la Plusvalía) y transfiriendo el control de los cargos decisivos del aparato estatal a manos privadas, instaurando una suerte de CEOcracia que propinaría un golpe mortal a las aspiraciones democráticas de la ciudadanía ecuatoriana.
A la traición se le suma la infamia de una movida como ésta. Quienes luchamos por una Latinoamérica unida y en marcha hacia su segunda y definitiva independencia no podemos sino expresar nuestro más enérgico repudio a los nefastos designios del actual gobierno ecuatoriano y la confianza en el pueblo de ese país que sabrá desbaratar esa maniobra. En la primera nota que escribí a propósito de la trascendental elección presidencial de Febrero del 2017 dije que en Ecuador se libraba una nueva batalla de Stalingrado, decisiva no sólo para su futuro sino del de toda América Latina. Respiramos aliviados cuando se derrotó al candidato del viejo régimen, representante del país oprimido por una voraz oligarquía y sus mentores del norte. Pero jamás imaginamos que en el valiente ejército ciudadano que consagró la victoria de Moreno había un “caballo de Troya”, una quinta columna dispuesta a traicionar no sólo al líder popular del Ecuador sino al proyecto de transformación que él encarnaba. Si el pueblo ecuatoriano llegara a respaldar la propuesta de Moreno en su referendo, si llegara a triunfar el SI ese país se internaría, para su desgracia, en la misma senda opresora, decadente y violenta abierta por Mauricio Macri en la Argentina. Una sobria mirada a lo que está ocurriendo en mi país debería ser suficiente para persuadir a las ecuatorianas y los ecuatorianos de la necesidad de evitar tan nefasto desenlace. El triunfo del NO en las tres preguntas claves del referendo abriría en cambio las puertas para el renacer de una esperanza hoy ensombrecida por el oprobio de una traición.
20 Enero, 201.
1 Ver las preguntas del referendo en http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/estas-son-las-pregunta…
Fuente: www.americabolivariana.org
Ecuador: ¿Moreno traidor?
por Alberto Acosta (*)
En las últimas semanas varios representantes del correísmo han acusado a Lenín Moreno de “traidor”, empezando por el propio Rafael Correa, caudillo de un proceso que, de a poco, parece estar cayendo en desgracia. Lo peculiar de esta situación es que Moreno precisamente es sucesor de Correa. Es más, su (controvertido) triunfo electoral, así como su nominación a la candidatura presidencial, contó con el beneplácito del caudillo y de su partido. Correa hasta llegó a decir que “Lenín es un gran ser humano, dejo la Patria en buenas manos”. Esas son, al momento, las únicas certezas de las que disponemos; lo demás son elucubraciones, algunas más o menos razonables.
¿A qué acuerdos llegaron Moreno y Correa? Eso no lo sabemos de manera certera, pero hay algunos indicios. Lo que sí cabe reconocer es que Moreno no resultó ser el títere de Correa, como muchos esperábamos. Más bien vemos una suerte de “enfrentamiento épico” entre ambos. Enfrentamiento que genera dudas, rupturas de diversa índole, pero también varias continuidades preocupantes (por ejemplo, el frente económico y productivo).
Como corolario de esta situación, Moreno aparece como “el traidor” para el autoexiliado caudillo en Bélgica y sus más fieles seguidores, quienes no han dudado en tratar al actual presidente con desprecio y hasta fomentar movilizaciones en su contra. Por su lado, Moreno ha lanzado críticas cada vez más duras –y hasta mordaces-, generando sorpresa pues, por diez años, él marchó a la par de un proceso que inició perfilándose como “revolución ciudadana” pero terminó volviéndose una restauración conservadora. Lejos quedan los recuerdos de que el propio Moreno se benefició de la década correísta, de la que fue un actor permanente, es decir corresponsable de la misma. Aunque otros podrían encontrar un anticipo de esta situación en la carta que Moreno remitió a Alianza País en abril de 2016, donde formulaba tibias críticas a la gestión de Correa y demandaba correctivos.
Aquí encontramos un elemento estratégico que merece atención, pues ¿era necesario primero alcanzar el poder político para luego emprender una crítica que realmente tenga efectos?, ¿hubiera sido factible otra forma concreta de salir del correísmo, dado el dominio que éste llegó a tener casi sobre todas las instituciones del país?, ¿no es una implosión la mejor forma de que el correísmo caiga? El análisis de estas cuestiones habría que profundizarlo en términos políticos, sobre todo porque parece difícil pensar en un escenario más destructivo para el correísmo que aquel en donde sus propias raíces lo ahorcan.
Es más, podríamos elucubrar que Moreno y su gente -pues nunca olvidemos que los individuos no actúan solos en política- supieron aprovechar muy bien la coyuntura. Moreno resultaba -quizá- la única opción para que Alianza País se “mantenga” en el poder, sobreviva políticamente y hasta “encubra” gran cantidad de casos de corrupción. Jorge Glas no tenía la fuerza de convocatoria como para vencer en las urnas (incluso fue públicamente abucheado durante las elecciones); más aún cuando él terminó ahogado en denuncias de corrupción que le han terminado conduciendo a prisión.
Quizá el mismo Rafael Correa habría encontrado dificultad para vencer en las urnas (como ha sugerido el mismo Moreno); y si las informaciones que siguen apareciendo son verídicas, pueda que el binomio Correa-Glas se repita… tras las rejas.
Pero el ascenso de Moreno al parecer no solo aprovechó la debilidad de las principales figuras de Alianza País. También podríamos sugerir que aprovechó que el otro finalista de las elecciones de abril, Guillermo Lasso, estaba casi condenado por sus pocas luces y potencialidades. Lasso, claro representante de intereses de grupos poderosos que no se enchufaron al correísmo -no como otros grupos que sí lo hicieron-, era un candidato cuya derrota (legítima o no) era entendible dadas las circunstancias concretas del momento.
El caso es que el ascenso de Moreno ha dejado una lección muy clara al correísmo: el poder no se posee, se ejerce como diría Michel Foucault. Cualquier creencia de que el poder se lo puede poseer cuando son otros quienes lo ejercen, es una ilusión. Ilusión en la que cayó el correísmo por su desesperación de sobrevivir a cualquier precio.
En fin. Ahora el correísmo paga las consecuencias de sus propios actos, pues parecería cumplirse esa máxima de “quien a hierro mata, a hierro muere”. Si hablamos de traiciones, ¿qué mayor traición puede haber que el propio surgimiento del correísmo por medio de la metamorfosis de propuestas revolucionarias a una realidad de restauración conservadora y de modernización capitalista? No olvidemos que fue el correísmo el que traicionó a quienes originalmente apoyaron el ascenso de Correa al poder, traición que quedó consumada con el surgimiento de un régimen autoritario que no dudó en ridiculizar -y hasta criminalizar– a muchos de sus antiguos aliados.
Es decir, debemos tener claro que aquí el gran traidor no es Moreno, sino Correa. Fue él quien traicionó los ideales revolucionarios que emergieron de la lucha popular luego de años de arremetida neoliberal y crisis en el país. Basta con hacer algunas lecturas a partir de los ofrecimientos iniciales de la “revolución ciudadana”, para ratificar esta afirmación. Por ejemplo, la lectura del Plan de Gobierno de Alianza país 2007-2011, elaborado participativamente en 2006 -cuando se propuso la candidatura de Correa-, brinda material para comprender que el verdadero y gran traidor no es Moreno. Solo como una pequeña muestra, leamos la siguiente invitación a “trabajar por llevar adelante nuestros propios procesos de organización y diseñar nuestros propios programas de vida sin atenernos a mensajes y normas emanadas de alguien que pretender asumir el papel de un iluminado; no creemos en liderazgos individuales que conduzcan a la constitución de estructuras verticales y caudillescas, sino en liderazgos colectivos sustentados en la autocrítica, en la toma colectiva de decisiones, en el respeto a otras opiniones y en la humildad.”
Las declaraciones de Correa a favor de la Constitución de Montecristi y las sistemáticas violaciones que le propició es otra clara traición. Luego de promocionarla como “la mejor Constitución del mundo”, “un canto a la vida” e incluso diciendo que duraría “300 años”, es más que evidente que Correa vio a la Constitución y a la Asamblea Constituyente apenas como escalones en su afán de concentrar cada vez más poder. Por cierto, cabe aclarar que esa Constitución -lo comprobamos repetidamente- no fue un traje a la medida del caudillo, como afirman algunos despistados (basta mencionar que en 9 años sufrió unos 23 cambios, a más de un sinnúmero de violaciones a la Constitución a través de leyes y hasta decretos).
Dicha Constitución se formuló con una amplia participación ciudadana, y fue masivamente ratificada en las urnas, pues se intentó recoger el sentir popular de lucha en contra de las injusticias de épocas anteriores. Ese es precisamente el espíritu de Montecristi que supuestamente Moreno intenta recuperar, una cuestión que está muy lejos de ser cierta, por lo demás.
Tan problemática resultó a ratos la Constitución a Correa que incluso tuvo que enmendarla casi a la fuerza y atropellando la misma carta magna, solo recordemos diciembre de 2015. Si bien es cierto que la Constitución posee fallas que deben corregirse -como el excesivo poder otorgado al ejecutivo-, también posee grandes aciertos como el reconocimiento al derecho a la resistencia (art. 98) que el propio Correa desdeñó y consideró una simple novelería. ¿No es eso una vil traición cuando fue la propia resistencia popular la que llevó a Correa a la Presidencia? Es más, ya en aullidos de desesperación, Correa y sus áulicos más íntimos auguran su retorno a través de otra asamblea constituyente…
Y si en lo político se observan traiciones, el manejo económico de Correa es aún más claro; manejo que mantiene la misma orientación con Moreno. El gobierno de Correa devino en mera herramienta para que el capital satisfaga su voracidad acumuladora explotando trabajadores y Naturaleza, compartiendo incluso muchos objetivos neoliberales de los años 80 y 90. Pero mientras el viejo neoliberalismo apartaba y reducía al Estado para que grandes capitalistas exploten libremente, el nuevo neoliberalismo correísta fortaleció al Estado para ponerlo en comunión con el gran capital -local y transnacional- para que dicho capital explote libremente. Así, Correa instauró una suerte de neoliberalismo transgénico con la intervención del Estado, aderezado con una corrupción desbocada que se va descubriendo día a día.
Apenas unas pocas joyas neoliberales del correísmo son: promover el tratado de libre comercio (TLC) con la Unión Europea, expresión máxima del neoliberalismo; ampliar la frontera petrolera en el centro-sur de la Amazonía, incluyendo el ITT-Yasuní (propuesta para la cual Correa no dio la talla); imponer la minería a gran escala, violando el mandato minero de 2008 y criminalizando y persiguiendo a quienes se oponen, ejemplo Kimsacocha, Íntag, Mirador, Panantza; entregar campos petroleros maduros a empresas extranjeras (entrega de campo Auca a Schlumberger, e intentos -nada claros- de entrega del campo Sacha a la empresa china CERG); conceder, sin licitación y por medio siglo, los puertos de Posorja, Puerto Bolívar y Manta a capitales extranjeros; apoyar grandes agronegocios, monocultivos y agro-combustibles marginando la soberanía alimentaria y al campesinado.
La lista de las traiciones en el campo social es también grande: prácticamente “privatizar la salud” vía convenios con clínicas privadas, incluyendo sobreprecios; fomentar indirectamente a “privatizar la educación” con el auge de cursos y universidades privadas para los “no elegidos”; reintroducir la flexibilización laboral (por ejemplo, permitiendo reducir horas de trabajo, afectar a beneficios como cesantía, distribuir irregularmente horas de trabajo durante la semana); aprobar los decretos 016 y 739 para controlar organizaciones sociales y sociedad civil y decreto 813 para disciplinar a trabajadores públicos; crear organizaciones sociales –sobre todo sindicales- paralelas propias y afines al gobierno.
La lista de traiciones y estafas del correísmo en lo económico es tan grande (cómo olvidar aquí a la fallida “transformación de la matriz productiva”) que hasta se podrían escribir libros enteros. Lo crucial en este punto es no perder la memoria histórica de todo el desperdicio de una década hecho por el correísmo a fin de no dejarnos engañar cuando éste se queja de que Moreno es el traidor…
En definitiva, no sabremos a qué acuerdos llegaron Moreno y Correa. Si esto no se destapa de forma transparente, no podremos conocer cuál fue el traidor en esas conversaciones. Pero, a estas alturas, para el país ese debería ser un problema menor que terminará resolviéndose al interior de la Cosa Nostra ecuatoriana, es decir, Alianza País, la que, según Fernando Vega, ex-asambleísta constituyente de Alianza País, devino en una secta mafiosa.
Lo que sí debe quedar claro es que Rafael Correa fue quien traicionó la confianza del pueblo ecuatoriano en las urnas y al mismo mandato constituyente. Aquí no caben medias tintas. El gran traidor es Rafael Correa.
nov. 2017.
Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/ecuador-moreno-traidor
La Revolución Ciudadana en disputa
por Javier Calderón Castillo /CELAG
A tan sólo ocho meses de iniciado el gobierno del presidente Lenín Moreno, y con la convocatoria al Referéndum y Consulta Popular el próximo 4 de febrero, se confirma el rompimiento del Partido Alianza País y el antagonismo entre el expresidente Rafael Correa y el actual mandatario. Moreno, iniciado su gobierno, instauró un diálogo con diversos sectores anticorreistas que le enemistaron muy rápido con su antiguo copartidario, quien las consideró como concesiones a la derecha y un acto de traición con la Revolución Ciudadana [1].
El objetivo de Moreno al mostrarse en las antípodas de Correa como “dialoguista y menos antagonista”[2], concluyó en una disputa por un nuevo escenario de gobernabilidad y de orientación política de la Revolución Ciudadana, que incluye el llamado a modificar la Constitución de la República, la destitución y el procesamiento judicial del vicepresidente Jorge Glass (y otros funcionarios del anterior Gobierno) y la apertura del debate sobre la orientación económica y política del poder ejecutivo, al asumir como propias algunas de las tesis sostenidas por la oposición, como la entrega del manejo del dinero electrónico a la banca privada y la propia consulta popular, dos promesas de campaña de Guillermo Lasso[3].
La consulta popular y el referéndum preguntarán al electorado por siete temas, con el objetivo de modificar la Constitución Nacional en lo referente a los impuestos que gravan la especulación de la tierra urbana, los derechos de la niñez y la adolescencia, la reelección, las zonas intangibles de protección a la minería y sobre el Consejo.
Rafael Correa tuvo que regresar de su actual residencia en Bélgica para liderar la oposición a la consulta popular, por considerarla inconstitucional -al no contar con el visto bueno de la Corte Constitucional que debía dar vía libre al referéndum-, y para reunir a sus copartidarios en un proyecto en defensa de la “Revolución Ciudadana” oponiéndose a la gestión de Moreno[4]. Un gran desafío para el expresidente, que deberá construir una formación partidaria en la oposición, con el sol de su Gobierno a las espaldas y con un grupo importante de sus antiguos aliados en funciones de Gobierno.
La consulta popular se convirtió en el primer tablado programático de confrontación Moreno-Correa, que de seguro marcará cambios en el mapa político nacional. ¿Qué decisión tomará la militancia de Alianza País en esa polarización? ¿Moreno logrará consenso y gobernabilidad con todos los sectores de derechas e izquierdas que apoyan la consulta popular? ¿La ruptura entre Moreno y Correa supone cambios de fondo en el programa de gobierno? Estas son algunas de las interrogantes que afloran ante la inestabilidad del momento político. Los escenarios posibles se configurarán de acuerdo a los resultados de la consulta popular y del alineamiento de fuerzas en torno a Lenín Moreno o Rafael Correa, aunque no haya aún nada definido y sigan estando abiertos a la espera del acomodo de los intereses tanto de las fuerzas morenistas, del correismo y de la derecha.
La consulta popular y el referéndum preguntarán al electorado por siete temas, con el objetivo de modificar la Constitución Nacional en lo referente a los impuestos que gravan la especulación de la tierra urbana, los derechos de la niñez y la adolescencia, la reelección, las zonas intangibles de protección a la minería y sobre el Consejo de Participación Ciudadana (temas que serán analizados más adelante). Un total de cuarenta organizaciones se inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral: treinta y seis promoverán el Sí (entre las que están el partido de gobierno y la alianza de derechas Creo, junto a varios sindicatos), mientras que cuatro organizaciones se han inscrito como promotoras del No [5].
Para entender los alcances y los posibles escenarios políticos que generarán la consulta popular y el referéndum, es preciso analizar los tres ejes/temas sobre los cuales están encasilladas las siete preguntas de este nuevo llamado a elecciones: a. económicos-ambientales, b. judiciales y c. electorales/políticos. Para abordarlas, es preciso decir de antemano que la actitud del presidente Moreno de coincidir con postulados de la derecha en la consulta, puede ser la comprobación empírica del postulado desarrollado por Max Weber: “Quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan a todo poder”, porque al analizar con detalle las preguntas del referéndum y la consulta, resultan evidentes (descubiertos con cierta facilidad) los destinatarios o beneficiarios de cada una de ellas, en especial de aquellos que, teniendo poder económico, estuvieron fuera del Gobierno por más de diez años y mantuvieron una ansiosa oposición al acecho.
El eje económico-ambiental de la consulta: Son tres preguntas que entrelazan este eje y resultan orientadoras de los posibles escenarios políticos del Ecuador [6]. La sexta pregunta propone la derogación de la ley de plusvalía, decretada por el Gobierno anterior, con la cual se gravaron las ganancias extraordinarias del valor del suelo para facilitar la adquisición de terrenos a las constructoras inmobiliarias y al Estado, destinadas a viviendas o a obras públicas, evitando así la especulación causante del excesivo valor de las viviendas y de los sobrecostos de la obra pública[7]. Derogar esta ley beneficia a las pocas familias y empresas que poseen tierras y suelos urbanos, es una típica acción de amparo para el latifundio urbano que genera especulación inmobiliaria y financiera[8]. Con esta medida, el presidente Moreno beneficiará a los bancos y a otros dueños del suelo, y complacerá de paso a los sectores políticos de derecha opuestos a la ley desde el 2015 [9].
La quinta y la séptima pregunta apuntan a utilizar un tema medular en la discusión económica y ambiental sobre la exploración petrolera y el proyecto Yasuni ITT, iniciada por el propio Gobierno de Correa en 2007, pero no serán determinantes en la modificación de la explotación petrolera, pues Moreno se ha comprometido a seguir explotando (700.000 barriles diarios) con proyecciones que incluyen los pozos ubicados en el Parque Natural Yasuni, en las otrora regiones protegidas del ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha) [10]. Las preguntas de la consulta, por lo tanto, pretenden recoger el apoyo de ambientalistas, ONG (financiadas por los países del norte-global donde están las principales petroleras), indigenistas y otros sectores que defendían la no exploración de recursos fósiles a cambio del aporte económico internacional –que nunca llegó– [11]. Se trata de preguntas retóricas que no prometen cambios sustanciales, pues proponen sólo disminuir de 1030 a 300 hectáreas la explotación en el Yasuni ITT y aumentar en 50.000 hectáreas las zonas intangibles, en un área que supera un millón de hectáreas, de las cuales 700.000 ya son intangibles, dejando libres cerca de 272.000 hectáreas, con proyectos petroleros en marcha, que por su tecnología sólo requieren de entre 200 y 300 hectáreas para la explotación [12].
Los ejes judiciales de la consulta: tanto la primera como la cuarta pregunta se orientan a generar modificaciones judiciales contra la corrupción y contra la prescripción de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes [13].Son preguntas diseñadas para sumar apoyos transversales a la consulta, en cuanto son cuestiones morales de interpelación sobre la base del sistema de valores de la sociedad. ¿Quién no está en contra de la corrupción o se opone a perseguir los abusos contra la niñez? Ahora bien, son preguntas que no afectan realmente el ordenamiento jurídico del país, pues existen mecanismos constitucionales y del derecho internacional (que hace parte del bloque constitucional) para perseguir la corrupción y para no dejar prescribir los delitos sexuales contra la niñez y la adolescencia [14].
La corrupción es un asunto serio, que no se resuelve con inhabilitar personas en los cargos públicos. El cohecho es un delito de doble cara que debe ser juzgado por igual.
¿Son preguntas para motivar la votación del Sí, o tienen otra intencionalidad? La séptima pregunta, sobre la niñez, es clara y no hay mucho que decir: es una cuestión sensible para la sociedad y no había necesidad de hacer una consulta popular para ello, ya que la Asamblea Nacional tiene las potestades para tramitar leyes de este tipo y seguro hubiera sido aplaudida si llegara por consenso legislativo. La pregunta sobre la corrupción, en cambio, está escrita como parte de la retórica del presidente Moreno -y del opositor Guillermo Lasso- en contra de los dos Gobiernos de Rafael Correa, siguiendo el mismo camino de la ofensiva neoconservadora de endilgar al progresismo el mal de la corrupción como fórmula para someterlos al escrutinio público, a la persecución judicial e impedir su retorno al Gobierno. Ya judicializado y destituido el vicepresidente electo Jorge Glass, y aun cursando procesos en contra de otros funcionarios del Gobierno anterior, el discurso anticorrupción se convierte en un discurso anticorreista.
El debate sobre la corrupción debe ser transversal, y también debe definir acciones para quienes desde la órbita privada se enriquecen con el dinero público, como los empresarios que especulan con la tierra cuando conocen los proyectos de infraestructura estatal, o cuando cobran excesivamente la tierra para la construcción de viviendas, o quienes han construido su capital con la obra pública. La corrupción es un asunto serio, que no se resuelve con inhabilitar personas en los cargos públicos. El cohecho es un delito de doble cara que debe ser juzgado por igual. A los empresarios, la inhabilidad de cargos públicos los tiene sin cuidado, en cambio, como ha ocurrido en otros países, estas atribuciones e inhabilitaciones terminan siendo utilizadas como armas para perseguir adversarios políticos, constituyendo un esquema propicio para el Lawfare o la guerra jurídica, similar a la que se vive en la actualidad en Brasil y Argentina[15].
El eje electoral/político de la consulta: Lenín Moreno propone dos cuestiones que impactan en el sistema político, y que tienden a modificar el mapa político nacional. En la segunda pregunta propone la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y de Control y la culminación del período de sus actuales miembros, generando una designación temporal del Consejo con atribuciones autárquicas sobre su funcionamiento. Luego, en la tercera pregunta, propone modificar la actual reelección indefinida para todos los cargos públicos, a cambio de una reelección por única vez [16].
Estas son las preguntas centrales de la consulta popular, y las que tienden a definir un nuevo escenario político de exclusión del sector social y político liderado por Rafael Correa. De ser aprobadas, beneficiarán de forma directa al presidente Moreno, porque al triunfar en la consulta logrará el objetivo de vetar una nueva postulación de Rafael Correa en el 2021, deslindándose de la herencia del Gobierno de la Revolución Ciudadana de Correa, cuestión que le abre posibilidades para construir una gobernabilidad parlamentaria pactada con la derecha y otros sectores minoritarios. Moreno se puede beneficiar también porque no se inhabilita para el 2021, y ampliará su capacidad de negociación con otros sectores al controlar el Consejo de Participación y Control, en el que podrá elegir gente de su confianza y actores políticos que le ofrezcan apoyo.
De triunfar el Sí en la consulta popular, los sectores de derecha quedarán fortalecidos al ser artífices de la consulta. Guillermo Lasso la considera como propia, porque la había prometido en la campaña con temas similares. Mostrarán como un triunfo la no reelección indefinida que “descorreiza” el debate electoral, la derogación de ley de plusvalía a la que se opusieron en el 2015 con todas sus fuerzas, y les deja en condiciones de pactar con Moreno la gobernabilidad que busca con la consulta, mucho más si Alianza País se debilita por la irrupción del partido de la Revolución Ciudadana liderado por Correa.
La apuesta de Lenín Moreno por lograr gobernabilidad a partir del referéndum y la consulta popular puede tener patas cortas.
Escenarios e incertidumbres del futuro político
Un análisis factual del escenario político, puede concluir que es probable el triunfo de Moreno en la consulta popular y el referéndum, teniendo en cuenta el abanico de sectores políticos y del poder económico que lo apoyan motivados por las reformas constitucionales que se generarán, y porque se abre la posibilidad a otras reformas o contra-reformas en temas que no son materia del referéndum. Ello vuelve colosal, pero posible, la tarea de Rafael Correa en la campaña por el No. Aunque no cuente con los recursos para pauta publicitaria, los recorridos que está realizando por todo el país y la apuesta de construir un nuevo partido (el Tribunal Electoral falló a favor de Moreno y se queda con el nombre de Alianza País), pueden generar un cisma en los restos de Alianza País y concitar apoyos en el electorado beneficiado por la estabilidad económica y social de los diez años de gobierno del expresidente.
La apuesta de Lenín Moreno por lograr gobernabilidad a partir del referéndum y la consulta popular puede tener patas cortas, por cuanto un escenario posible es la creciente ofensiva de los sectores neoliberales para seguir socavando el modelo económico de la Revolución Ciudadana, pues tienen mayores intereses que los consignados en las siete preguntas de la consulta popular: quieren revertir la ley de medios, privatizar el banco central, quitar impuestos a las empresas, y quieren ver restablecido el poder político menguado en once años fuera del control del Estado. Los aliados de Moreno en la consulta pueden ser demoledores de su Gobierno.
Una gobernabilidad circunstancial que tendrá un nuevo adversario organizado y con poder de fuego. Independiente del resultado, Rafael Correa queda atado a liderar la consolidación de un espacio político que aglutine fuerzas locales, regionales, con escala nacional, para defender los postulados económico-políticos de la Revolución Ciudadana; también está conminado a militar del todo en la política y al Ecuador, ya que al no contar aún con un partido político estructurado, no tendrá como liderar a la distancia una resistencia eficaz ante las presiones judiciales, mediáticas y políticas del Gobierno y de la derecha. La tentación de descanso y reposo no son compatibles con la intensa disputa abierta en el propio corazón de las fuerzas que lograron durante once años cambiar al Ecuador con la Revolución Ciudadana.
Notas:
[1] https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/10/04/rafael-correa-lenin-moreno-me-engano-diez-anos.html
[2] https://www.nodal.am/2018/01/franklin-ramirez-academico-ecuatoriano-lenin-moreno-podra-resistir-la-presion-las-elites-sin-correismo-resulta-dificil-pensar/
[3] http://www.elcomercio.com/actualidad/dinero-electronico-bce-banca-codigomonetario.html
[4] https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/correistas-anuncian-desafiliacion-de-alianza-pais
[5] https://www.eluniverso.com/noticias/2017/12/22/nota/6536869/cne-aprobo-40-organizaciones-sociales-politicas-campana-consulta
[6] Pregunta 5: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad en lo establecido en el Anexo 5? Pregunta 6: ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, según el Anexo 1? Pregunta 7: ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?
[7] http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/econom%C3%ADa-y-finanzas/71316-ley-de-plusval%C3%ADa-ecuador-pdf-actual-y-vigente
[8] https://www.cedib.org/wp-)content/uploads/2013/09/latifundio-urbano.pdf
[9] http://www.larepublica.ec/blog/politica/2016/12/02/lasso-dice-uiera-derogue-impuesto-plusvalia-vote-listas-21/
[10] https://www.eluniverso.com/noticias/2017/10/04/nota/6413881/consulta-popular-sobre-parque-yasuni
[11] http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/08/130816_ecuador_yasuni_causas_fracaso_lps.shtml
[12] https://www.eluniverso.com/noticias/2017/10/04/nota/6413881/consulta-popular-sobre-parque-yasuni
[13] Pregunta 1: ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?; Pregunta 4: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el Anexo 4?
[14] https://www.unicef.org/ecuador/Edna2011_web_Parte1.pdf (pág 43 y 44)
[15] http://www.celag.org/lawfare-la-judicializacion-de-la-politica-en-america-latina/
[16] Pregunta 2: ¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el Anexo 2? Pregunta 3: Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3?
Javier Calderón Castillo, investigador CELAG.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=237002&titular=la-revoluci%F3n-ciudadana-en-disputa-
LA REELECCIÓN INDEFINIDA, UNA TRAICIÓN A LA DEMOCRACIA.
“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía”. Simón Bolívar, Congreso de Angustura, 1819.
por Alberto Acosta [1], John Cajas Guijarro [2]
En una sociedad que aspire a respetar el poder popular, las consultas al pueblo frente a temas cruciales son lo menos que se debe esperar y exigir. Bajo este principio podemos analizar la consulta propuesta por el presidente Lenín Moreno. Una consulta que requiere de reflexiones profundas antes de responderse pues posee varias tonalidades:
– preguntas tibias, como las relativas a la minería o al Yasuní (que casi en nada resuelven los problemas planteados, pero podrían asumirse como primeros pasos para profundizar el debate sobre los extractivismos);
– preguntas de apoyo rotundo, como la sanción a corruptos y violadores (aunque siempre cuestionándonos por qué no se instrumentan tales sanciones directamente, sin necesidad de consulta);
– preguntas polémicas, como la pregunta sobre la ley de plusvalía (¿es saludable eliminar una ley que grava impuestos a la especulación de tierras en vez de mejorarla?, definitivamente no es saludable);
– y preguntas políticamente cruciales, como las preguntas sobre la reelección indefinida y el cambio en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (quizá aquellas que recogen la verdadera razón de ser de la consulta); preguntas tan cruciales, que no basta con votarlas “SI”, sino que exigen una inmediata presión social para evitar que -luego de la consulta- se reedite la concentración de poder alcanzada por el correísmo.
Al ver estos temas se nota que en la consulta faltó la voluntad política para preguntar otras cuestiones de fondo, e incluso derribar todas las enmiendas constitucionales de diciembre de 2015 así como las reformas realizadas en 2011; muchos de esos cambios cargados de inconstitucionalidades. Entre las enmiendas hechas en 2015 que deberían cuestionarse -por temas logísticos se lo pudo haber hecho en una sola pregunta que las derrumbe todas de golpe- podemos recordar a: las FFAA como guardia pretoriana para reprimir; la comunicación como servicio público y no como derecho; la restricción de derechos laborales en el sector público; la disminución de funciones de la Contraloría; retroceso del derecho ciudadano y de los gobiernos autónomos descentralizados para convocar a consultas populares; reducción de competencias a dichos gobiernos autónomos…
A más de tener contenidos limitados, claramente la consulta es un intento del gobierno de Lenín Moreno para consolidarse. Sin embargo, en el caso de ganar el “SI”, dicho resultado no puede entenderse como un cheque en blanco para Moreno. Todo lo contrario: apenas se conozca el resultado de la consulta es crucial exigir desde la lucha popular una reconfiguración del poder político hacia formas más democráticas, no hacia formas más concentradoras. No podemos pasar del “correísmo” al “morenismo” ni podemos cerrar los ojos ante las fallas que el mismo gobierno de Moreno muestra en temas vitales como la economía (otro campo que tocará disputarse desde la organización popular). Tal presión social deberá hacerse presente incluso en el caso -poco probable- de que gane el “NO”…
De todas formas, cabe admitir -más allá del contenido- que la consulta es una oportunidad para que el pueblo recupere su involucramiento en la discusión y aprobación de decisiones nacionales. Así, la consulta puede ser un ejercicio importante de pedagogía política, pues no se trata solo de aprobar algunas reformas legales y constitucionales, sino de hacerlo en democracia (práctica que se fue perdiendo, sobre todo en los últimos años del correísmo). Pero a más de brindar un espacio de disputa democrática, la consulta crea la oportunidad de recuperar un elemento básico de una democracia vigorosa y radical (aspiración que dio vida a la propia Constitución de Montecristi): la alternabilidad en el manejo del poder político[3].
En efecto, la consulta es la oportunidad para derribar una norma aprobada con dedicatoria: la reelección indefinida impuesta inconstitucionalmente -y a espaldas del pueblo- por el correísmo. Dichas enmiendas se impusieron en diciembre de 2015 para beneficiar a un Rafael Correa que, apenas un par de años atrás (20 de enero de 2014) admitía que “es un gran daño que una persona sea tan indispensable, que haya que cambiar la Constitución para afectar las reglas de juego”, al tiempo que descartaba impulsar una reforma constitucional para introducir la reelección indefinida. Y no solo que impulsó la reforma, sino que el propio correísmo incorporó una transitoria disponiendo que la reelección indefinida aplique luego de las elecciones de 2017 pues Correa tenía claro que no iba a vencer: una total manipulación de la democracia en función de los caprichos de un caudillo…
Justo para evitar eso, en Montecristi se planteó con fuerza eliminar la reelección indefinida para todas las dignidades de elección popular. Eso se estableció expresamente en el artículo 114, y en el 144 para los presidentes y vicepresidentes de la República. Esta norma se extendió a partidos políticos (artículo 108), consejos de igualdad ciudadana (artículo 157), e inclusive a toda organización colectiva (artículo 96). La Asamblea fue muy clara, por ejemplo, al establecer la alternabilidad hasta en las organizaciones sociales: “Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas” (artículo 96). Queda claro, entonces, que la Asamblea Constituyente apuntó a la no reelección indefinida, la cual en el año 2007 era absurda para el propio Correa (hasta enero de 2014, como ya anotamos), así como para varios asambleístas que solo apoyaban la reelección “por una ocasión” (como Virgilio Hernández, actual defensor de la reelección indefinida en favor de Correa).
En Montecristi se prohibió la segunda reelección inmediata para evitar que un presidente en funciones use el poder del Estado para intentar perennizarse. Por cierto, de plano no se debe confundir la reelección indefinida en un sistema presidencialista -como el ecuatoriano- con sistemas parlamentarios -como en Europa, por ejemplo- pues, en los presidencialismos el ya de por sí alto poder adjudicado al ejecutivo termina desbordándose y deriva en hiper-presidencialismo. De hecho, si algo hemos aprendido estos diez años es que un sistema presidencialista exacerbado no compagina con una democracia participativa. En consecuencia, prohibir la reelección es un límite necesario.
Tal situación es clara en el caso ecuatoriano, en donde la reelección indefinida permite que se amplíe aún más la elevada influencia que ya de por sí tiene el ejecutivo sobre la nominación de órganos de control y de órganos autónomos. Por ejemplo, el ejecutivo nomina a miembros de la Corte Constitucional (Art. 434 de la Constitución de Montecristi), y tiene delegados en el Consejo de la Judicatura (Art. 179), una elevada capacidad de influencia que también debería cuestionarse.
Este problema, en la situación actual del país, se traduce en la necesidad crucial de desmontar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nombrado a gusto del caudillo del siglo XXI: Rafael Correa. Por ello, a pesar de los posibles cuestionamientos constitucionales a esta pregunta y del enorme poder que se le concedería al ejecutivo “morenista” votando “SI” en este tema, es necesario hacerlo para superar al Consejo correísta. Pero luego del 4 de febrero -de ganar el “SI”- habrá que organizar una enorme presión social para que el gobierno de Lenín Moreno no siga la senda de su antecesor. Incluso, si es necesario, se tendrá que salir a las calles para exigir que el Consejo de transición no sea una mera reedición de una instancia controlada por un nuevo mandamás.
A su vez, la reelección por un solo período intentó limitar el poder que la sociedad adjudica a un individuo, sea este un presidente, alcalde, prefecto, etc. Dicho límite impide, además, que una mayoría auto sostenida en el poder se atribuya la vocería excluyente y exclusiva del pueblo. Recordemos que el poder es capaz de hacer pasar la razón del poderoso como la única razón posible, aniquilando al pluralismo y a la diversidad que nacen de la alternabilidad. En una sociedad que aspire realmente a la democracia, es inaceptable que se imponga una sola tendencia o programa político, lo cual es más que posible si un gobernante con elevado poder sobre el Estado es reelegido indefinidamente. Eliminar la garantía de alternabilidad rompe un tope individual a quien ostenta el poder, atentando casi de muerte al pluralismo político.
En efecto, la reelección indefinida impide que surjan los espacios necesarios para consolidar un Estado que aspire a ser democrático, intercultural, plurinacional (Art. 1 de la Constitución de Montecristi) y que intente garantizar la participación en igualdad, la deliberación pública, promoviendo la diferencia (Art. 95), las diversas opciones ideológicas y políticas, aspectos necesarios al manejar los asuntos públicos en diversidad.
Por otro lado, la reelección afecta el principio de igualdad y no discriminación. Si se permite la reelección de quien ya ejerce el poder político, no existe igualdad de condiciones entre quienes disputan dicho poder. Ya lo experimentamos con Rafael Correa cuando él -en contubernio con el Consejo Nacional Electoral- aprovechó y abusó de los recursos públicos en sus campañas electorales, incluyendo espacios en medios de comunicación y todo el aparato estatal; mientras otros candidatos simplemente no tenían recursos para hacer campaña. De todas formas, tampoco debemos olvidar que el problema del uso de recursos para la disputa del poder político es inherente a las democracias representativas modernas -donde el dinero ha reemplazado al balcón-, de modo que en el largo plazo urge pensar en reconstruir la idea misma de representación y hasta de democracia desde las bases comunitarias de la sociedad.
Además, al no prohibir la reelección indefinida se afecta los derechos de las minorías y de la oposición, incluso las posibilidades de los potenciales candidatos de la misma tendencia política del ejecutor del poder. La democracia no es viable sin alternancia, lo cual no implica limitar la posibilidad de que una organización política continúe la obra realizada por su predecesora, siempre y cuando se sustente sobre bases sólidas y democráticas, en donde los caudillos sean inadmisibles.
Ahora, hay quienes audazmente podrían preguntar ¿y por qué no dejar que las personas elijan cuantas veces deseen a cualquier persona?, ¿quitar esa posibilidad no limita los derechos del pueblo? Aunque podría parecer válida la pregunta, no lo es. Debemos dejar de ver al poder político, al poder económico y al poder en general como un mero instrumento neutral que la sociedad amigablemente adjudica a una u otra persona para que ésta emprenda cambios sociales. Las dinámicas del poder son complejas, y tienen el potencial de manipular, inducir, forzar y engañar al pueblo –con prácticas capaces de corromper hasta al espíritu más fuerte– a fin de ampliarse a sí mismas, pues el poder solo sobrevive concentrando más poder. Por ello, si no usamos todos los mecanismos e instituciones a nuestro alcance para limitar a esa “voluntad del poder”, la misma puede rebasarnos y carcomer cualquier intento de democracia…
La historia enseña que, si una persona ejerce el poder sin límites temporales, tiende a concentrarlo. Toda concentración de poder implica corrupción, tiranía, opresión, implica la destrucción misma de la democracia. La reelección indefinida rompe el límite temporal del poder, ampliando sus posibilidades de injerir en otros poderes, limitando las libertades y obstaculizando el grado de especialización institucional que los diversos órganos podrían alcanzar en el ejercicio de sus funciones. En suma, la concentración de poder afecta la esencia de la democracia y abre la puerta a la infamia y a la corrupción galopante, como lo hemos vivido en el correísmo.
Por ello, los límites temporales al ejercicio del poder son vitales. No tener límites en el tiempo significa promover el autoritarismo y corroer la democracia. Es más, hasta los derechos políticos y de propiedad, sin restricciones, generan concentración de poder. Tales derechos son -y deben ser- intrínsecamente limitables, más aún en sociedades basadas en la desigualdad. Sin límites los derechos políticos generan despotismo, así como los derechos de propiedad llevan al monopolio. Ambos excluyen a otras personas que -al menos en el papel- deberían tener iguales derechos.
Al existir una regla social previa que limite al ejercicio del poder -como la no reelección indefinida- la propia persona ejecutora de ese poder limitará sus expectativas. Esto constituye un mecanismo de control con el cual el sujeto político está obligado de atenerse al tiempo señalado, de propiciar la sucesión e incluso de aceptar el inmediato escrutinio público de sus actos. Por lo mismo, la pregunta sobre la no-reelección indefinida necesita votarse con un “SI” sin dubitaciones.
En definitiva, la reelección indefinida lleva a que el ejecutor del poder se crea eterno, casi inmortal. En cambio, la no-reelección es un pequeño intento de recordarle a dicho “ejecutor” que, más allá de cualquier apariencia o título majestuoso, es un simple e insignificante mortal, como cualquiera de nosotros. Por tanto, la no-reelección no implica restringir derechos políticos -ni al pueblo ni a una persona- sino más bien implica una ampliación crucial: brinda un mayor derecho a ser libres y conscientes de nosotros mismos, al recordarnos que no somos eternos sino simplemente humanos…
NOTAS
[1] Economista ecuatoriano. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la Presidencia de la República del Ecuador.
[2] Economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad Central del Ecuador y de la Escuela Politécnica Nacional.
[3] Basta recordar el Plan de Gobierno de Alianza País (2006) en donde categóricamente, es su página 10, se planteó la necesidad de dar paso a “nuestros propios procesos de organización y diseñar nuestros propios programas de vida sin atenernos a mensajes y normas emanadas de alguien que pretender asumir el papel de un iluminado; no creemos en liderazgos individuales que conduzcan a la constitución de estructuras verticales y caudillescas, sino en liderazgos colectivos sustentados en la autocrítica, en la toma colectiva de decisiones, en el respeto a otras opiniones y en la humildad”.
Fuente: https://lalineadefuego.info/2018/01/23/la-reeleccion-indefinida-una-traicion-a-la-democracia-por-alberto-acosta1-john-cajas-guijarro2/
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